Suprema Corte analizará creación de Fiscalía de Inteligencia Financiera en Nuevo León

El ministro Arístides Guerrero García presentará al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dos proyectos de sentencia relacionados con la creación de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera (FEIF) en Nuevo León. Ambos proyectos respaldan la decisión del Congreso local, aunque uno propone invalidar la facultad otorgada a la fiscalía para bloquear cuentas bancarias sin autorización judicial, al considerar que se trata de una atribución exclusiva del ámbito federal.

De aprobarse los proyectos, sería un revés para las impugnaciones promovidas por el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y por una minoría de legisladores, quienes cuestionan la creación de la FEIF con facultades de investigación de delitos fiscales y lavado de dinero.

La FEIF surgió de una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León presentada en 2022 por el grupo parlamentario del PAN. La reforma fue aprobada en un periodo extraordinario ese mismo año, promulgada el 12 de febrero de 2024 mediante el decreto número 196 y entró en vigor un día después. La nueva fiscalía absorbió las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), que antes estaba adscrita a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

El gobernador impugnó el decreto el 14 de febrero de 2024 mediante la controversia constitucional 81/2024, argumentando que se invadieron facultades exclusivas del Ejecutivo al trasladar funciones de inteligencia financiera –de carácter administrativo– al ámbito punitivo, lo que genera confusión entre atribuciones hacendarias y judiciales, además de señalar presuntas deficiencias en el proceso legislativo.

En su proyecto, el ministro Guerrero propone declarar infundado el juicio, al sostener que “el Congreso tiene atribuciones para asignar por ley dichas funciones a la Fiscalía Especializada, sin invadir funciones exclusivas del Ejecutivo local ni sustituir las facultades de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado”.

El segundo proyecto del ministro resuelve las acciones de inconstitucionalidad 58/2024 y 67/2024, promovidas por una minoría del Congreso de Nuevo León y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Legisladores locales argumentaron que trasladar las funciones de inteligencia financiera de la UIFE a la FEIF vulnera la división de poderes y la autonomía administrativa del gobernador. Por su parte, la CNDH impugnó la facultad de la fiscalía para inmovilizar cuentas bancarias, al considerar que invade la competencia exclusiva del Congreso de la Unión en materia procesal penal.

No obstante, Guerrero García propone dar la razón únicamente a la CNDH, al plantear la invalidez del último párrafo del artículo 33 Bis, al concluir que “las entidades federativas no pueden legislar sobre el aseguramiento de bienes financieros, materia regulada de forma exclusiva por el Código Nacional de Procedimientos Penales”.