Pide INE garantizar condiciones reales de igualdad para participación política femenina

El Instituto Nacional Electoral (Instituto Nacional Electoral) llamó a fortalecer las acciones institucionales para prevenir y atender la violencia política contra las mujeres, al advertir que, aunque existen avances en materia de participación y representación, aún persisten retos estructurales que impiden una igualdad sustantiva en el ejercicio de los derechos político-electorales.

En el marco del aniversario del primer ejercicio del voto femenino en México, el organismo subrayó que este hecho no debe entenderse solo como una conmemoración, sino como un recordatorio permanente de la necesidad de garantizar condiciones reales para que las mujeres accedan y permanezcan en espacios de toma de decisiones. Afirmó que la democracia se fortalece cuando integra de manera efectiva la diversidad de voces en la vida pública.

El instituto enfatizó que sigue siendo indispensable consolidar mecanismos de prevención, atención y sanción de la violencia política, así como asegurar entornos libres de agresiones, donde la participación de las mujeres se dé en condiciones de equidad, seguridad y sin discriminación.

La consejera electoral Carla Humphrey señaló que, aunque se ha logrado reducir la brecha de género en el ámbito político, aún existen desafíos importantes para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en condiciones de igualdad. “Sin mujeres no hay igualdad, y sin igualdad no hay democracia”, afirmó.

Por su parte, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), Claudia Valle, planteó la necesidad de avanzar hacia un acuerdo colectivo que permita traducir la paridad en igualdad sustantiva.

Bajo la idea de ir más allá de la representación numérica, propuso que instituciones, partidos políticos, academia y sociedad civil sumen esfuerzos para que la igualdad no se limite al acceso a cargos, sino que se refleje en políticas públicas capaces de reducir desigualdades y erradicar la violencia política.

Asimismo, advirtió que los mecanismos actuales para atender este tipo de violencia han presentado distorsiones, al señalar casos en los que las mujeres denunciantes pueden enfrentar procesos de revictimización o en los que las denuncias son utilizadas con fines de presión política.