La sentencia a García Luna, un paso necesario hacia la justicia y la reparación de un país marcado por la violencia

Por: Celina Torres

La reciente condena de 38 años de prisión para Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, marca un hito importante en la historia reciente de México. No es solo un golpe a la corrupción en las más altas esferas del poder, sino una oportunidad para reflexionar sobre las consecuencias devastadoras de las políticas de seguridad que llevaron al país a una espiral de violencia sin precedentes.

García Luna no es un personaje cualquiera. Fue el arquitecto de una supuesta lucha contra el narcotráfico que, lejos de pacificar al país, sembró muerte y destrucción. Bajo su mando, las fuerzas de seguridad se militarizaron, y México entró en una guerra que, hasta hoy, sigue cobrando vidas. La estrategia de Calderón, con García Luna a la cabeza, no solo fue ineficaz para desmantelar al crimen organizado, sino que facilitó la consolidación de un narcoestado, en el que funcionarios clave colaboraban con los mismos carteles que supuestamente combatían.

El juez Brian Cogan, el mismo que condenó a Joaquín "El Chapo" Guzmán, sentenció a García Luna tras un juicio que reveló su "doble vida": como funcionario público y como cómplice de los narcos. Las pruebas que lo incriminan incluyen los testimonios de capos que, a cambio de beneficios judiciales, no dudaron en exponer el entramado de corrupción que les permitió operar con total impunidad.

La condena a García Luna es un mensaje claro: no hay espacio para la impunidad, ni siquiera para quienes estuvieron en las más altas posiciones de poder. Es una advertencia para aquellos que, como él, se dejaron seducir por los pactos criminales. Aunque esta sentencia no devolverá la vida a las más de 300 mil víctimas de la violencia en México, sí representa un paso hacia la justicia que tantas familias han esperado por años.

La violencia que azota a México, es consecuencia directa de políticas fallidas y de la corrupción de quienes debían proteger a los ciudadanos. García Luna no solo permitió la expansión del Cártel de Sinaloa, sino que, a través de su complicidad, desmanteló cualquier posibilidad de un Estado de derecho sólido y confiable. Mientras en México los narcos escapaban de prisiones de "alta seguridad", como fue el caso del Chapo, y las instituciones se desmoronaban, la justicia estadounidense demostró que, aunque lenta, logra sentar precedentes al llevar a los capos y sus cómplices ante tribunales.

Sin embargo, este caso también revela una vergonzosa realidad: la incapacidad de México para juzgar a sus propios criminales. La mayoría de los capos detenidos en territorio mexicano han sido extraditados a los Estados Unidos, donde finalmente enfrentan condenas, lo que deja en entredicho la eficacia de nuestro sistema judicial.

A pesar de la gravedad de los hechos, personajes como Felipe Calderón, expresidente de México, han intentado deslindarse de su responsabilidad. Calderón afirma que nunca tuvo "evidencia verificable" de las actividades ilícitas de García Luna, pero resulta difícil creer que un hombre con tanto poder y control sobre la seguridad del país desconociera la corrupción dentro de su propio gobierno. La guerra contra el narcotráfico fue su bandera, y los resultados están a la vista: un país sumido en la violencia, con miles de muertos y desaparecidos, y con un sistema de seguridad pública colapsado.

El legado de García Luna es un recordatorio de que la corrupción mata. Las alianzas con el crimen organizado no sólo debilitaron al Estado, sino que condenaron a México a años de violencia. Hoy, la justicia ha dado un paso importante, pero la lucha debe continuar. Es imprescindible que se siga investigando la complicidad de otros altos funcionarios y que se replanteen las estrategias de seguridad que, en lugar de generar paz, solo han avivado las llamas de una guerra que parece no tener fin.

La condena de García Luna debe servir como un punto de inflexión. No se trata solo de un hombre corrupto, sino de todo un sistema que permitió su ascenso y consolidación. México necesita justicia para las víctimas de esta guerra fallida, y la sentencia a García Luna es solo el principio. Ahora, es el momento de exigir responsabilidades a todos aquellos que, desde posiciones de poder, traicionaron a la nación y permitieron que el crimen organizado se apoderara de nuestras calles.

En esta nueva etapa, con Claudia Sheinbaum al frente, México tiene la oportunidad de hacer un balance honesto del pasado y construir un futuro en el que la justicia prevalezca. La impunidad no puede seguir siendo la norma. La sentencia a García Luna es una advertencia y un símbolo de que la justicia, aunque tarde, siempre llega.