El abuso detrás del aumento al DAP en Chihuahua

El reciente incremento del 55% en el cobro por el Derecho de Alumbrado Público (DAP) en Chihuahua no solo es un golpe directo al bolsillo de los ciudadanos, sino una muestra más del desdén del alcalde Marco Bonilla hacia las clases trabajadoras y los sectores más vulnerables. Este aumento, sin justificación clara y en contradicción con su propia narrativa de "ahorros municipales", expone un gobierno que prioriza la recaudación a toda costa, mientras desatiende las necesidades de quienes lo eligieron.

El argumento de que los recursos recaudados se destinan al mantenimiento del alumbrado público queda en entredicho cuando el alcalde Bonilla ha presumido, en repetidas ocasiones, el ahorro derivado de la instalación de luminarias LED. Si los costos de operación han disminuido, ¿por qué imponer un aumento tan desproporcionado al DAP? Este acto no es más que una doble carga para los contribuyentes: primero, soportan los gastos de una infraestructura cuya eficiencia debería traducirse en menores costos; después, son obligados a pagar más por un servicio que ya estaba garantizado.

El impacto es evidente. Mientras la inflación anual de 2024 fue de 4.21%, el aumento del DAP asciende a un descomunal 48.5%. Este incremento no discrimina: afecta por igual a las familias de bajos ingresos y a los propietarios con mayor poder adquisitivo, haciendo del DAP un impuesto regresivo que castiga a quienes menos tienen. Es importante recordar que este cobro, incluido en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad, es ineludible, convirtiendo a los ciudadanos en contribuyentes cautivos sin posibilidad de defenderse.

Con esta medida, el gobierno municipal proyecta recaudar 96 millones de pesos en 2025, un aumento de 34 millones en comparación con 2024. Sin embargo, esta cifra no debe celebrarse como un logro. Más bien, es un recordatorio de que Marco Bonilla ve a los ciudadanos como simples cifras en una tabla de ingresos. El alcalde y su administración no han ofrecido una sola justificación técnica, social o económica para este incremento. En su exposición de motivos ante el Congreso, el argumento brilló por su ausencia, demostrando una total falta de sensibilidad y transparencia.

Este golpe fiscal ocurre en un contexto en el que las familias enfrentan ya el aumento en el costo de la vida, desde alimentos hasta servicios básicos. Además, el hecho de que el DAP se mantuviera congelado en 1.36 UMAs desde 2022 hasta 2024, y ahora se eleve a 2.02 UMAs, deja claro que este aumento no responde a una necesidad urgente, sino a una estrategia deliberada para exprimir más dinero de los ciudadanos.

La administración de Marco Bonilla debe rendir cuentas. No se puede seguir gobernando bajo una lógica de opacidad y desinterés hacia los sectores más desfavorecidos. Es imperativo que los ciudadanos exijan respuestas, transparencia y, sobre todo, un gobierno que priorice el bienestar de su gente, no su afán recaudatorio.

En una democracia, los funcionarios están al servicio del pueblo, no al revés. Marco Bonilla debería recordarlo. Mientras tanto, los ciudadanos de Chihuahua seguirán soportando el peso de un gobierno que, en lugar de aliviar sus cargas, se empeña en hacerlas más pesadas.