DOF publica decreto de la nueva Comisión para la Reforma Electoral

El Gobierno federal publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en su edición vespertina, el decreto mediante el cual se establece la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, un órgano que estará subordinado directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y que tendrá a su cargo la consulta y formulación de propuestas en materia electoral.

Esta nueva instancia estará conformada por funcionarios de alto nivel. Entre ellos destacan Pablo Gómez, quien dejó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para integrarse a la Comisión; Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Gobernación; y José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

También participarán Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo; Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia; Arturo Zaldívar, coordinador de asesores presidenciales; y Jesús Ramírez Cuevas, responsable de la Coordinación General de Política y Gobierno.

Según lo establecido en el decreto, la Comisión tiene como propósito “convocar al pueblo a expresarse sobre la reforma electoral conveniente para México y realizar estudios sobre este mismo tema”. Además, se encargará de realizar los análisis necesarios, elaborar propuestas, formar grupos de trabajo y definir su reglamento interno.

Se prevé que cada integrante pueda designar a un suplente permanente con rango mínimo de director general. En el caso de la titular del Ejecutivo Federal, la suplencia quedará en manos de la Presidencia Ejecutiva de la Comisión.

El decreto también contempla la posibilidad de incorporar a representantes de otros sectores:“La Comisión podrá invitar a representantes de dependencias, entidades, instituciones públicas o privadas de los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos, academia y sociedad civil quienes podrán participar con derecho a voz, pero sin voto”.

Asimismo, se establece que el trabajo del órgano deberá regirse por los principios de transparencia, objetividad, eficiencia, eficacia, economía y honradez. En todo momento deberá respetar las disposiciones en materia de acceso a la información, protección de datos personales y rendición de cuentas.

El decreto entrará en vigor el 5 de agosto de 2025 y tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030, salvo que la Presidencia determine su disolución anticipada.