Controversia por programa piloto de Educación Sexual "En Buen Plan" del Gobierno de Guanajuato

Varias organizaciones civiles, junto a padres de familia, han solicitado al gobierno de Guanajuato mayor claridad sobre el contenido y alcance del programa piloto de educación sexual integral "En Buen Plan". La controversia surgió luego de que la administración estatal, encabezada por la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo, anunciara esta iniciativa sin proporcionar información detallada o realizar una consulta pública previa.

Padres de familia de los municipios de Romita y Silao manifestaron su preocupación, señalando que el gobierno estatal no ha ofrecido datos verificables sobre el programa ni ha facilitado acceso a su contenido. Ante esta falta de transparencia, se alzaron voces de alarma, no solo de los padres, sino también de organizaciones civiles, sectores religiosos y otros grupos sociales. Como respuesta, presentaron una demanda de amparo por violación al derecho de petición, luego de que su solicitud de información, enviada el pasado 17 de julio a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, no recibiera respuesta.

Críticas a la Falta de Consulta y Transparencia

Manuel Arroyo, representante de la Unión de Padres de Familia de Guanajuato, en nombre de las familias de Romita y Silao, instó al gobierno estatal a no implementar el programa sin una ruta clara de información pública ni canales de comunicación con las comunidades educativas. "Exhortamos al gobierno a garantizar que cualquier iniciativa educativa respete el derecho de los padres de familia y propicie un diálogo abierto entre los padres y las autoridades", expresó Arroyo.

El líder de los padres de familia también denunció que los menores no deben ser sometidos a "experimentos" educativos sin un fundamento sólido y un consenso previo. "Demandamos a la gobernadora Libia García Muñoz Ledo que no implemente programas piloto de educación sexual, ya que los menores de edad no deben ser sujetos de experimentos, mucho menos de laboratorios ideológicos", sostuvo Arroyo.

Por su parte, Fátima Ávila, del Frente Nacional por la Familia, criticó que no se haya involucrado a los padres de familia ni a especialistas serios en educación sexual en el diseño del programa. "Nunca se involucró a los padres de familia, que son los principales formadores. Tampoco se involucró a expertos en la materia, lo que resulta en un programa sesgado", señaló Ávila.

Deficiencias en el Diálogo y el Enfoque Educativo

Uriel Esqueda, de la organización Actívate, subrayó que la educación sexual de menores debe implementarse de forma inclusiva, con la participación de las familias y con un enfoque acorde al desarrollo físico y emocional de los niños y jóvenes. "Estamos a favor de la educación sexual, pero debe ser acorde al desarrollo evolutivo de los menores, y debe enfocarse en su bienestar personal y la construcción de un proyecto de vida, no en un adoctrinamiento ideológico", destacó Esqueda.

Finalmente, Leonardo Alvarado Zamudio, de Abogados Cristianos, advirtió que con este programa, la gobernadora estaría cediendo el control del estado a un grupo con intereses ideológicos y políticos. "Este programa es una muestra de cómo se están minando los valores fundamentales de las familias guanajuatenses", aseveró Alvarado.

Un Llamado a la Participación Ciudadana

Los críticos del programa enfatizaron la importancia de que los padres de familia y otros actores de la sociedad civil participen activamente en la toma de decisiones sobre la educación sexual. Recordaron que en la Ley General de Educación, aprobada en el Congreso Federal, se establece que los estados deben crear consejos de participación escolar, donde los padres de familia y otros sectores puedan colaborar en la definición de políticas educativas.