Videograbar entrevistas a niños en disputas de custodia es constitucional, determina SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este jueves que es constitucional videograbar entrevistas psicológicas a menores en juicios de guarda y custodia, siempre que se respeten estrictos protocolos de protección. La decisión fue adoptada por unanimidad del Pleno.

El fallo, derivado de un proyecto de la ministra Loretta Ortiz, subraya que la medida busca evitar la revictimización de los niños, al impedir que tengan que declarar varias veces. Para garantizarlo, los registros deben cumplir con un estándar llamado “Videograbación Protectora”, que establece cinco criterios esenciales.

Entre estos requisitos están: una justificación técnica individualizada por especialistas, informar al menor según su edad y escuchar su opinión, realizar la grabación en un ambiente protector como la Cámara de Gesell, y asegurar la confidencialidad del material, prohibiendo copias, difusión y garantizando su destrucción o anonimización al finalizar el proceso.

El juez que utilice estas grabaciones debe explicar cómo fundamentó su decisión con base en el video, mientras que las partes solo podrán consultarlo dentro del juzgado, bajo supervisión y sin poder sacar copias.

El caso que motivó la decisión corresponde al amparo en revisión 397/2024, originado en un conflicto por la custodia de dos menores. En 2017, el padre solicitó que se declarara la incapacidad legal de la madre y que se le otorgara la custodia. Tras un acuerdo de custodia compartida, la madre trasladó a los niños a Querétaro en 2020 e impidió el contacto con el padre, lo que derivó en un proceso judicial que los dejó bajo su cuidado. En 2022, durante un juicio para modificar el convenio, se ordenaron evaluaciones psicológicas a padres e hijos.

A petición de la madre, un juzgado determinó videograbar las entrevistas psicológicas. El padre impugnó la medida alegando que vulneraba la privacidad de los menores y podía generar revictimización. La orden fue confirmada en apelación en 2023 y, tras rechazar un amparo, el caso llegó a la Suprema Corte para definir su constitucionalidad.