Reforma constitucional para enfrentar la extorsión llega al Congreso

El Poder Ejecutivo envió esta mañana a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional enfocada en el combate a la extorsión. Este proyecto fue inmediatamente remitido a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual votación.

La propuesta busca facultar al Congreso para que expida una ley general que unifique el tipo penal y las penas aplicables a este delito, dado que actualmente las sanciones varían considerablemente entre los diferentes estados. Además, se pretende clasificar la extorsión como un delito de alto impacto.

La propuesta presidencial subraya que las autoridades mexicanas tienen la responsabilidad política, ética y social de reconocer que la extorsión es un delito grave, cuyo combate ha sido insuficiente a nivel gubernamental. "Enfrentar este flagelo nos condiciona a concebirlo no como una conducta menor que únicamente afecta la seguridad personal de los individuos, sino también y de manera más recurrente, su patrimonio, su esfera psicológica y emocional y otros bienes jurídicos pertenecientes a la colectividad", señala el documento.

Se destaca que la extorsión ha sido una herramienta común utilizada por la delincuencia organizada para obtener ingresos considerables, lo cual provoca que su impacto no solo afecte a las víctimas directas, sino también a la sociedad en su conjunto. En este contexto, el crimen organizado extorsiona a empresas, comercios y negocios, imponiendo condiciones de mercado a través de amenazas a los empresarios, lo que afecta diversas cadenas económicas.

Además, la propuesta menciona que la delincuencia organizada también ha recurrido a la extorsión para amenazar a funcionarios públicos y coaccionar a las instituciones del Estado. En este sentido, "emplean la extorsión como una vía para la realización de otras conductas ilícitas, aprovechándose de los servicios públicos a cargo del Estado", agrega el texto.

La iniciativa también resalta la gravedad del problema, ya que, en 2018, se registraron en promedio 18.89 amenazas diarias. Para enero de 2025, esta cifra aumentó a 29.77 amenazas diarias, lo que representa un incremento del 57.62% en solo seis años. Se menciona que en 2024, los estados con mayor concentración de víctimas fueron Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León, concentrando el 61.8% de los casos. Para enero de 2025, el Estado de México solo acumuló el 33.1% de las víctimas.

Finalmente, en los artículos transitorios, se otorga al Congreso un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional para emitir la ley secundaria en esta materia. La propuesta también contempla que la nueva legislación fortalecerá la coordinación entre la Federación y las entidades federativas, con el fin de garantizar mejores resultados y ofrecer a las autoridades de los tres órdenes de gobierno un marco más robusto para enfrentar este delito y sus consecuencias.