Persisten críticas por la lenta implementación de la Policía de Género en Cuauhtémoc

En el municipio de Cuauhtémoc, la violencia de género sigue siendo un problema alarmante, especialmente entre las mujeres indígenas que habitan en asentamientos o han migrado a la zona urbana. Sin embargo, la implementación de la Policía de Género, anunciada como una solución clave para atender esta crisis, aún no se consolida de manera efectiva.

De acuerdo con información de la Dirección de Seguridad y Vialidad Pública Municipal (DSVPM), el proyecto opera de forma parcial, con agentes capacitados que atienden los casos de manera eventual, pero sin la estructura completa que se prometió desde la administración pasada, liderada por el ahora presidente municipal, Elías Humberto Pérez Mendoza.

Briana Dozal, primera oficial de la Policía de Género, señaló que los casos de violencia contra las mujeres se agravaron durante la pandemia de COVID-19, cuando las restricciones obligaron a muchos hombres a permanecer en casa, derivando en un aumento de agresiones que iban desde insultos hasta golpes.

Además, el problema de las adicciones en Cuauhtémoc sigue siendo un factor determinante en el aumento de la violencia intrafamiliar, afectando no solo a las mujeres, sino también a menores de edad.

Uno de los mayores retos, según Dozal, es que muchas mujeres agredidas deciden no denunciar a sus agresores, no aceptan atención médica o simplemente omiten detalles de las agresiones. Esto evidencia no solo el temor de las víctimas, sino también la falta de confianza en las instituciones encargadas de protegerlas.

Desde la administración anterior, se anunció la creación de una Policía de Género que operaría al 100%, pero el proyecto continúa sin completarse. Mientras tanto, las víctimas dependen de un equipo reducido de agentes, que trabaja en colaboración con otras áreas de la DSVPM, pero no cuenta con los recursos ni la estructura necesaria para atender de manera integral la crisis de violencia en el municipio.

La falta de avances en la implementación de este proyecto ha generado críticas de distintos sectores, quienes señalan la necesidad de priorizar los derechos de las mujeres y de garantizar que las promesas hechas en campaña se traduzcan en acciones concretas.