Nómina del INE representa tres cuartas partes de su presupuesto base

Desde su creación en 2014, el Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene una estructura administrativa rígida, caracterizada por un alto costo en su nómina. Este gasto se explica principalmente por los elevados salarios de los mandos medios y altos, así como por la amplia gama de prestaciones y obligaciones que reciben los trabajadores.

Según documentos públicos del organismo, en 2025 la nómina representó el 76% del presupuesto base de 12 mil 305 millones de pesos, sin contar los recursos destinados a la elección judicial ni al financiamiento de los partidos. Dicho presupuesto financió 16 mil 208 plazas presupuestales y 1 mil 432 plazas de honorarios permanentes, todas con prestaciones. Además, el INE cuenta con personal eventual para proyectos temporales, cuyo salario no incluye beneficios adicionales.

Mientras que el Órgano de Administración Judicial ha ordenado al Poder Judicial reducir 10% de su nómina y limitar la contratación por honorarios como parte de un plan de austeridad (La Jornada, 18 de enero de 2026), el INE no ha realizado ajustes similares.

El peso de la nómina obliga al instituto a mantener un fideicomiso destinado a cubrir pasivos laborales, como liquidaciones, que en 2025 contaba con 595 millones de pesos.

Los consejeros del INE defienden los montos y la estructura salarial, argumentando que se trata de derechos adquiridos. Señalan que “todo el gasto del INE está justificado y es necesario para hacer elecciones de calidad” y destacan que, en perspectiva, representa una proporción mínima del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

El PEF 2026 indica que los sueldos brutos de los consejeros van de 229 mil a 258 mil pesos mensuales, a los que se suman prestaciones que pueden elevar la percepción total hasta 366 mil pesos. La secretaría ejecutiva percibe entre 216 mil y 243 mil pesos más beneficios específicos, mientras que los directivos ganan 242 mil; coordinadores, titulares de unidad y directores, 177 mil; coordinadores y directores de área, 152 mil; vocales de juntas locales, hasta 115 mil, y de las distritales, alrededor de 79 mil, todos con prestaciones adicionales.

En términos generales, el gasto político-electoral en México entre 2014 y 2026 asciende a aproximadamente 265 mil millones de pesos, considerando solo el presupuesto del INE y el financiamiento a los partidos nacionales. No se incluyen los recursos de institutos y tribunales locales ni del Tribunal Federal Electoral.

Durante 2025, el presupuesto base del INE fue de 12 mil 305 millones de pesos, y la cartera de proyectos tuvo un presupuesto de 7 mil 339 millones, de los cuales 6 mil 219 millones se destinaron a la organización de elecciones judiciales. Para 2026, un año sin elecciones nacionales —exceptuando los comicios locales en Coahuila—, el presupuesto asignado al INE es de 14 mil millones de pesos, más 7 mil 368 millones destinados a prerrogativas de los partidos políticos.