Iniciativa en San Lázaro condiciona exportaciones a comprobación de no deforestación

Las bancadas de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados impulsan una reforma para crear certificados de no deforestación aplicables a la exportación de productos agropecuarios como aguacate, palma, cítricos y café. El objetivo es garantizar la permanencia de estos bienes en mercados clave como Estados Unidos y la Unión Europea, ante las nuevas exigencias internacionales para frenar la tala ilegal.

La propuesta, presentada por Jesús Martín Cuanalo (PVEM), secretario de la Comisión de Medio Ambiente, y Joaquín Zebadúa (Morena), plantea modificaciones a las leyes General de Desarrollo Forestal Sustentable y de Comercio Exterior. Con ello se busca evitar la tala inmoderada de bosques y selvas derivada del cambio de uso de suelo para actividades agrícolas y pecuarias.

Cuanalo explicó que tanto Estados Unidos como la Unión Europea han establecido marcos de política para combatir la deforestación ilegal en zonas donde se producen dichos cultivos. Advirtió que, de persistir esta problemática, podría haber consecuencias comerciales para México. De continuar la tala ilegal, es probable que el gobierno estadunidense se niegue a comprar productos mexicanos, señaló el legislador.

El diputado subrayó la relevancia económica del sector agroalimentario, al estimar que las exportaciones hacia Estados Unidos superan los 50 mil millones de dólares. Alertó que la pérdida de bosques y selvas para ampliar la frontera agrícola pone en riesgo ese mercado estratégico del que dependen miles de familias y que tiene un impacto directo en la economía nacional.

Si bien destacó que la producción agroalimentaria es prioritaria para el país, sostuvo que también lo es la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, especialmente porque los servicios ambientales que proporcionan las masas arboladas, bosques y selvas resultan esenciales para la propia actividad productiva.

En su diagnóstico, reconoció que el sector forestal mexicano enfrenta una situación crítica. En los últimos 25 años, México habría perdido cerca de cinco por ciento de su cobertura forestal, lo que equivale a casi 3.3 millones de hectáreas desde el año 2000. Además, aproximadamente 63 por ciento de los suelos forestales presenta algún grado de deterioro.

Solo en 2022, la tasa anual de deforestación rondó las 206 mil hectáreas. La pérdida acumulada, añadió, refleja décadas de aprovechamiento inadecuado, cambios de uso de suelo sin control y prácticas de manejo sostenible insuficientes.

“Un factor central de esta problemática es la ilegalidad e informalidad en las actividades forestales, y aunque la legislación vigente exige una autorización federal por excepción para cualquier cambio de uso de suelo forestal, en la práctica se desmontan grandes extensiones sin permiso”, señaló.

El legislador explicó que la ganadería extensiva y la agroindustria figuran entre los principales motores de la deforestación. Cada año se desmontan 47 mil 770 hectáreas de bosques para establecer campos agrícolas. Asimismo, entre 2001 y 2019, cultivos comerciales como aguacate, soya, caña de azúcar y palma ocasionaron la pérdida de al menos 889 mil hectáreas de cobertura forestal.

Frente a este panorama, la iniciativa propone incorporar como atribución de la Federación la facultad de “expedir certificados de no deforestación para la exportación de productos y subproductos agropecuarios”.