El MaruDuartismo designa magistraturas a familiares de diputados para asegurar votos y pensiones millonarias

El régimen del MaruDuartismo ha otorgado recientemente magistraturas a familiares de diputados de Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido del Trabajo (PT), dándoles cargos como encargados del despacho por ministerio de ley. Estos nombramientos no solo les permiten participar directamente en las elecciones de junio, sino que también les dan acceso a las pensiones millonarias aprobadas por los diputados del PAN, PRI, MC, PT y PVEM.

Este tipo de maniobras se han concretado a través del Poder Judicial, presidido por Myriam Hernández Acosta, en complicidad con la gobernadora María Eugenia Campos Galván. Ambas figuras, ligadas a la red de corrupción del exgobernador César Duarte, habrían facilitado la liberación de este último tras las elecciones de junio de 2024.

Uno de los nombramientos más recientes ha sido el de Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, esposa del presidente de MC, Francisco Sánchez, quien fue designada como encargada del despacho de una magistratura, a pesar de no tener un perfil adecuado para el cargo. Escárcega Valenzuela ingresó al Poder Judicial como secretaria técnica en 2022, tras un acuerdo con César Jáuregui Moreno, entonces secretario general de Gobierno, con el fin de asegurar el apoyo del MC en el Congreso.

Otro nombramiento polémico fue el de Rubén Aguilar Gil, hermano de la diputada local del PT, América Aguilar Gil. Rubén fue designado encargado del despacho por ministerio de ley de la Quinta Sala Penal del Distrito Judicial Morelos, tras haber trabajado como secretario de acuerdos en dicha sala. A pesar de su falta de experiencia o méritos en materia penal, este nombramiento le garantiza una candidatura directa a la magistratura. Además, Aguilar Gil tiene vínculos familiares con varios miembros influyentes dentro del PT, incluido su padre, Rubén Aguilar Jiménez, quien ha sido una figura clave dentro de la franquicia del partido en Chihuahua.

Estos nombramientos se han producido en un contexto político clave, en el que el MaruDuartismo busca consolidar su poder a través de una serie de maniobras legislativas que le han asegurado los votos necesarios para aprobar una pensión vitalicia millonaria a magistrados de reciente designación, que no tienen carrera judicial. Esta medida, en detrimento de magistrados con 30 años de experiencia, ha generado una gran polémica.

La gobernadora María Eugenia Campos Galván ha utilizado su influencia para bloquear la lista de candidatos elaborada por el comité de selección del Poder Legislativo, evitando la inclusión de figuras vinculadas al “corralismo” y a Morena. De este modo, busca garantizar que los únicos candidatos sean aquellos afines a su red política.

El proceso de elección de magistrados y jueces del Poder Judicial ha estado marcado por un claro sabotaje institucional. El lunes 24 de febrero de 2025, los diputados del PAN, PRI, PT, MC y PVEM no asistieron a la sesión convocada para validar las listas de aspirantes, lo que impidió alcanzar el quórum legal necesario para continuar con la sesión extraordinaria. Tampoco se presentaron a la reunión de la Junta de Coordinación Política, cuya función era validar las listas entregadas por los comités de selección de los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo.

La falta de quórum ha retrasado aún más un proceso que ya enfrenta cuestionamientos, y el viernes 28 de febrero de 2025 se perfila como una fecha clave, aunque los plazos legales aún no han sido cumplidos. Ante este escenario, Morena ha anunciado que presentará una controversia constitucional para revertir la reforma que otorga pensiones millonarias a magistrados sin carrera judicial y que llegaron al cargo por motivos puramente políticos.

Este conflicto pone de manifiesto las tensiones entre los diferentes actores políticos de Chihuahua, donde la justicia parece ser solo una herramienta más en un juego de poder.