El INPI y la CNDH refuerzan acceso a intérpretes para indígenas en prisión

Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de las personas indígenas privadas de la libertad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (Inpi), en coordinación con autoridades penitenciarias estatales y defensorías públicas, llevaron a cabo mesas de trabajo orientadas a garantizar el acceso a intérpretes y traductores durante los procesos penales.

Los trabajos también contemplaron la implementación de acciones para proteger el derecho a la identidad cultural, asegurar una defensa técnica con enfoque intercultural y promover beneficios como la preliberación o la libertad anticipada.

"Lo anterior, considerando que de acuerdo con el Inpi existen intérpretes y traductores sólo en 22 estados del país, así como con un fondo destinado a la excarcelación de personas indígenas en reclusión”, informó la CNDH en un comunicado.

De acuerdo con el organismo, en estas mesas participaron autoridades penitenciarias de Chiapas, estado de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.

Como parte de una segunda etapa, las instituciones realizaron visitas de seguimiento a 29 centros de reinserción social. En estos recorridos se identificó la aplicación “de buenas prácticas" por parte de las autoridades monitoreadas. Entre ellas, la difusión de información institucional mediante materiales audiovisuales e impresos —como lonas, trípticos y cartulinas— sobre el régimen disciplinario, así como sobre los derechos y obligaciones de las personas privadas de la libertad, en las lenguas indígenas predominantes en cada centro.

También se constató la existencia de documentación institucional traducida a la lengua indígena de mayor presencia en la región; la incorporación y capacitación de personal hablante de lenguas originarias para fungir como traductores certificados; e incluso la certificación de una persona privada de la libertad como intérprete, mediante un convenio con una universidad estatal.

En el ámbito de la salud con enfoque intercultural, se reportó el funcionamiento de huertos de plantas medicinales dentro de los centros penitenciarios, con registro de uso; así como la aplicación de un protocolo para solicitar medicina tradicional y otro para regular el ingreso de plantas medicinales o ungüentos conforme a sus usos y costumbres.

Además, se informó sobre la realización de visitas domiciliarias por parte de personal técnico, con el fin de orientar a las familias respecto a la situación jurídica de sus familiares y los requisitos para realizar visitas.

De manera excepcional y bajo condiciones de seguridad previamente establecidas, también se permite el acceso de familiares fuera del horario habitual por periodos breves y en áreas controladas. En algunos casos, se ampliaron los horarios de visita y se extendió el acceso hasta familiares en tercer grado de parentesco, como una medida para favorecer la reinserción social y fortalecer los vínculos familiares.

Finalmente, la CNDH consideró necesario impulsar una campaña de concientización efectiva sobre el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las personas indígenas afrodescendientes y afromexicanas privadas de la libertad. Asimismo, subrayó la importancia de reforzar las herramientas y mecanismos para una defensa adecuada, junto con la implementación de una estrategia integral con perspectiva intercultural por parte de las autoridades corresponsables.