Detectan fraudes y usos indebidos en miles de concesiones de agua en el país

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) identificó 58 mil 938 inconsistencias en el uso de concesiones de agua a nivel nacional, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina.

La región del Bajío, donde se encuentra Guanajuato, figura entre las tres zonas del país con mayor número de denuncias ciudadanas por el uso indebido de concesiones, señaló la mandataria. De las mil 100 denuncias registradas, la mayoría proviene de las regiones Norte, Bajío y Centro, áreas con estrés hídrico constante.

Estas acciones forman parte del Programa de Ordenamiento de los 536 mil títulos de concesión de extracción de agua, que prepara la administración federal en paralelo a la propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la iniciativa de la Ley General de Aguas, que se enviarán al Congreso este lunes.

“La propuesta en la Ley es que, si ya no usas tu concesión, se la tienes que regresar necesariamente al Estado. Y el Estado es quien podrá concesionar nuevamente esa agua; ya no habrá transmisión entre particulares. Es poner orden y dejar de ver al agua como una mercancía, cuando es un recurso escaso en la mayoría del país. Además, se impondrán sanciones a quienes roban agua o no reportan cambios de uso en sus concesiones”, puntualizó Sheinbaum.

Por su parte, Efraín Morales López, director de Conagua, detalló algunas de las irregularidades detectadas:

• 29 mil 539 títulos sin certeza de vigencia, con falsificación o duplicidad.

• Uso distinto al autorizado en la concesión.

• Ubicación incorrecta de pozos, incluyendo un caso que señalaba un pozo en Oaxaca pero que en realidad dirigía a autoridades hasta Tailandia.

• Pozos de uso público urbano explotados por 197 particulares.

• 272 títulos de agua agrícola utilizados para fines distintos, como balnearios, complejos industriales, clubes de golf y venta de agua por pipas.
  

“Esto ha generado afectaciones como el acaparamiento del agua, sobreconcesionamiento, deterioro de infraestructura y distribución desigual del recurso en el país”, explicó Morales López.

Con estas reformas y el programa de ordenamiento, el gobierno busca regular el uso del agua, garantizar su distribución equitativa y asegurar que este derecho humano sea administrado de manera responsable y sostenible.