Cámara de Diputados aprueba reformas para combatir la extorsión, pero con ajustes en sanciones

La Cámara de Diputados aprobó este jueves la ley general contra la extorsión, un conjunto de reformas que incluye un tipo penal básico para castigar el delito con penas de prisión de entre 6 y 15 años. La sanción podría incrementarse en función de 34 agravantes, aunque el dictamen establece que en cuatro estados donde las penas son más altas, podrían beneficiarse de la libertad inmediata alrededor de 600 personas actualmente sentenciadas por este delito, de acuerdo con estimaciones del PT y PRI.

La reforma, que incluye cambios al Código Penal Federal para que la extorsión sea perseguida de oficio y amerite prisión preventiva, fue aprobada por unanimidad en lo general. Sin embargo, la votación se dividió cuando, en lo particular, se sometió a discusión una reserva de Morena, PT, PVEM y MC para reducir las sanciones a policías, agentes del Ministerio Público y directivos de penales que no denuncien el delito.

El resultado fue de 339 votos a favor, 100 en contra, y cuatro abstenciones. La ley será ahora enviada al Senado para su revisión y posible aprobación.

Disputa sobre sanciones a funcionarios

En la iniciativa original, tanto el presidente como los legisladores proponían una pena de 10 a 20 años de prisión para los funcionarios públicos cómplices de extorsión, como policías, jueces y directivos de prisiones. Sin embargo, la modificación aprobada redujo la pena a un rango de 5 a 12 años.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, defendió el ajuste argumentando que la gravedad de la omisión no es igual a la de la comisión directa del delito. “La gravedad de la omisión no es igual a la comisión del delito”, explicó Monreal desde la tribuna.

En contraste, el coordinador del PAN, Elías Lixa, propuso aumentar el tipo penal básico a un rango de 10 a 20 años, en línea con la pena por omisión de denuncia. Lixa sugirió que el ajuste podía estar relacionado con la protección de figuras políticas, mencionando que esta ley podría beneficiar a personas como el exsecretario de Seguridad de Tabasco, bajo proceso por extorsión y secuestro.

Ajustes y preocupaciones por efectos retroactivos

El debate también abordó la preocupación de que la nueva ley podría generar efectos retroactivos, especialmente en estados como Chihuahua, donde las penas por extorsión son más altas. Monreal admitió que esto podría generar conflictos para los presos que lleven años de condena, pero aseguró que se había analizado la situación en profundidad.

Por su parte, Ricardo Mejía Berdeja, del PT, defendió la modificación planteada por su bancada, que separa la omisión de denuncia del delito de extorsión. Explicó que si un funcionario comete extorsión, se le aplicará una pena más grave, de hasta 25 años, y no tendrá acceso a beneficios como la libertad anticipada.

Prevención y sanción de la extorsión

El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, explicó que la ley busca crear una "fuerza única de persecución", unificando los esfuerzos del Estado en la lucha contra la extorsión. La ley establece que las investigaciones se llevarán a cabo de oficio, y se habilitará la denuncia anónima a través del número 089. Además, se contempla la confiscación de bienes de extorsionadores para financiar la reparación integral del daño a las víctimas, aunque con la salvedad de que no se procederá con la extinción de dominio si los activos han sido ya transferidos al gobierno.