Casos de feminicidio en Guachochi, la sierra y el sur de Chihuahua siguen impunes

El 21 de febrero de 2022, el municipio de Guachochi se vio sacudido por el feminicidio de la síndica Dayra González, quien fue asesinada por su expareja, Francisco P. S., quien sigue prófugo de la justicia. Cuatro años después, el caso continúa sin avances, un reflejo claro de la impunidad que persiste en el estado, donde el presupuesto reducido para la Fiscalía Especializada en Mujeres (FEM), la saturación de expedientes y la falta de refugios para víctimas de violencia agravan la situación.

Según Martha González Rentería, del Centro de Atención para la Mujer Trabajadora (CAMT), la falta de denuncia no debería ser un obstáculo para clasificar un crimen como feminicidio.

“El feminicidio está catalogado en la ley con características específicas. No necesariamente debe existir una denuncia previa para que se investigue como tal. De inicio, todos los asesinatos de mujeres deben investigarse como feminicidio”, subraya González. Esta postura se sustenta en las recomendaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El feminicidio de Dayra González

El caso de Dayra González, quien fue asesinada en su hogar frente a su hija de siete años, se mantuvo sin avances significativos. La niña fue quien encontró el cuerpo de su madre y, tras correr a pedir ayuda, se constató que la víctima ya había perdido la vida. La autopsia confirmó que el asesinato ocurrió a las 4:00 de la madrugada del 21 de febrero de 2022.

Aunque no hubo denuncias previas por violencia familiar, en una de las últimas publicaciones de Dayra en redes sociales, conmemoró a las mujeres víctimas de violencia, un hecho que se vio como un presagio de la tragedia.

En ese contexto, el CAMT denuncia que la impunidad se ha apoderado de este caso y que el mensaje que se transmite a la familia de la víctima es claro: “Cualquiera puede matar y no pasa nada”. Según Martha González, este tipo de casos se perpetúan debido a la falta de recursos, la saturación de casos y el impacto del narcotráfico en el estado.

Lucero Zapién: Feminicidio pese a medidas de protección judicial

El 20 de mayo de 2025, la maestra Lucero Zapién, agredida por su expareja Gustavo Alonso CH. el 23 de abril de ese mismo año, fue encontrada sin vida, cinco días después de que su agresor obtuviera libertad condicional. A pesar de las medidas judiciales de protección emitidas tras su denuncia, la violencia no cesó, y Lucero fue asesinada.

El caso de Lucero destaca una contradicción grave: las medidas de protección, que incluían la intervención de la policía preventiva, no lograron evitar el feminicidio. La violencia escaló pese a las alertas tempranas y las decisiones judiciales que, en retrospectiva, no fueron suficientes para prevenir la tragedia.

Edna Marilú: ¿Feminicidio o homicidio imprudencial?

El caso más reciente es el de Edna Marilú Chávez, una docente de 27 años que falleció el 2 de febrero de 2026 tras ser atropellada en la colonia Infonavit Praderas. Aunque inicialmente se investigó como feminicidio, un juez dictó que el hecho debía considerarse como homicidio imprudencial, argumentando que la víctima había caído accidentalmente bajo las ruedas del vehículo mientras forcejeaba con otra mujer.

Sin embargo, familiares y colectivos feministas insisten en que el crimen debe ser investigado como feminicidio, ya que existían antecedentes de violencia no denunciada entre la víctima y su pareja. “Edna era una mujer profundamente amada, arrebatada de su vocación de enseñar”, expresaron sus allegados, pidiendo justicia.

La falta de refugios y la cultura de la denuncia

De acuerdo con Martha González, la falta de refugios es otro de los grandes problemas que enfrentan las mujeres víctimas de violencia en Chihuahua, donde existen únicamente dos espacios destinados a la atención de este tipo de víctimas. Estos refugios no son suficientes, sobre todo en las zonas rurales, lo que deja a las mujeres en una situación vulnerable.

Esther Burciaga, presidenta de la asociación Padres Responsables, Sociedad Fuerte, advierte que se requiere un enfoque integral para prevenir los feminicidios, que incluya la intervención con los agresores y estrategias de sensibilización en los municipios, para que las mujeres se sientan más seguras al denunciar. “La violencia no empieza con un golpe, empieza con conductas que se van normalizando. Si no se atienden, pueden escalar hasta consecuencias irreparables”, señala Burciaga.

Conclusiones: Justicia pendiente y reclamos sociales

El 4° aniversario del feminicidio de Dayra González no es solo un recordatorio de la violencia que sufren las mujeres en Chihuahua, sino también de la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades. En un estado donde las mujeres continúan siendo víctimas de violencia de género, la impunidad sigue siendo el principal enemigo de la justicia. Las familias y colectivos feministas exigen que se actúe con responsabilidad, transparencia y perspectiva de género para que, en casos como los de Dayra, Lucero y Edna, las muertes no queden impunes.