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SSPC niega indicios contra Rocha Moya pese a señalamientos de EE.UU.

  • Foto del escritor: Redacción null
    Redacción null
  • 5 may
  • 2 min de lectura

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que el gobierno federal no cuenta ni ha contado con evidencias que vinculen al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el crimen organizado, en respuesta a los señalamientos provenientes de Estados Unidos.


Durante una conferencia en la sede de la Novena Zona Militar, en Culiacán, el funcionario subrayó que, a lo largo de la actual administración, las autoridades federales han mantenido coordinación con el gobierno estatal en materia de seguridad sin enfrentar obstáculos para ejecutar operativos.


Cuestionado sobre posibles sospechas dentro del gabinete de seguridad, respondió: “Por supuesto que nosotros no teníamos ningún indicio; hemos llevado, llevamos, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, como ya lo dijeron mis compañeros del gabinete, los resultados, las detenciones, y nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del gobierno del estado para continuar o realizar las operaciones que les presentamos”.


García Harfuch también indicó que Rocha Moya permanece en Sinaloa, no cuenta con fuero constitucional y dispone de escoltas asignados por la Guardia Nacional, como resultado de un análisis de riesgo realizado por el Servicio de Protección Federal. Sin embargo, aclaró que esta medida es preventiva y no responde a amenazas específicas.


Ante la pregunta sobre un posible riesgo contra el exmandatario estatal, afirmó: “No tenemos ningún indicio ni dato de que pueda ser atacado o siquiera de que tenga alguna amenaza”.

Respecto a su situación legal, precisó que, tras dejar el cargo, Rocha Moya ya no goza de fuero. Añadió que será la Fiscalía General de la República la encargada de confirmar cualquier detalle adicional en ese ámbito.


Finalmente, el secretario negó que otros funcionarios o exservidores públicos señalados en investigaciones en Estados Unidos —entre ellos el senador Enrique Inzunza— hayan solicitado o cuenten con protección de la Guardia Nacional.

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