SCJN permite detención de García Cabeza de Vaca y sienta precedente sobre órdenes de aprehensión

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió revocar el amparo que impedía la detención del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Con esta decisión, la orden de aprehensión emitida en 2021 podrá finalmente ejecutarse.

El Pleno de la Corte aprobó por unanimidad el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, aunque varios ministros expresaron críticas sobre la metodología y algunos argumentos de la propuesta, lo que llevará a ajustes en la redacción final de la sentencia.

La Corte enfatizó que el juez de amparo había excedido su función al realizar un análisis sustantivo de los datos, propio del juicio penal y no de la etapa preliminar.

“El juicio de amparo no es un espacio para anticipar el debate probatorio ni para exigir un estándar de acreditación superior al previsto en el artículo 16 constitucional”, subrayó Batres.

La orden de captura se activará una vez que se emita el engrose de la sentencia y se notifique al juez de control de Almoloya de Juárez, encargado de hacerla cumplir. La resolución sienta jurisprudencia al aclarar que, en el sistema penal acusatorio, basta con datos suficientes para suponer razonablemente un delito y la probable participación del imputado, sin requerir prueba plena.

La ministra Yasmín Esquivel Moss fue una de las voces más críticas dentro del Pleno, cuestionando la forma en que se elaboró el proyecto, aunque coincidió en negar el amparo.

“El proyecto no responde a los agravios planteados en contra de la sentencia que concedió el amparo, sino que se sustituye en el juez natural; es decir, en el juez de control que debía resolver si se actualizaban los requisitos necesarios para librar la orden de aprehensión. Al sustituirse en el juez de control, la sentencia podría vulnerar el derecho al juez natural, que forma parte de las garantías del debido proceso y exige a todos los órganos del Estado que cualquier persona sometida a la justicia sea juzgada exclusivamente por un tribunal competente para conocer del asunto. Me preocupa la propuesta que está sometida a la consideración de este Tribunal Pleno, pues coloca a la Suprema Corte en una posición que no le corresponde dentro del diseño constitucional que debemos proteger”, señaló Esquivel Mossa.

El caso se originó a partir de denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020 ante la Fiscalía General de la República (FGR), por presunto lavado de dinero vinculado a contratos de obra pública, transferencias entre empresas y operaciones inmobiliarias. Entre los indicios se encuentran discrepancias contables, reportes de operaciones sospechosas en Estados Unidos y un certificado de depósito de 7 millones de dólares a nombre de un familiar.

El 23 de febrero de 2021 se solicitó el desafuero de García Cabeza de Vaca, aprobado en abril, y en mayo se libró la primera orden de aprehensión, posteriormente invalidada en agosto de 2022 por la SCJN al considerar que invadía facultades del Congreso local. Tras concluir su mandato, el 30 de septiembre de 2022, el Ministerio Público obtuvo una segunda orden de aprehensión el 4 de octubre. El exgobernador promovió amparo, concedido en noviembre de 2023, que fue impugnado y finalmente revisado por la Corte, que ahora niega el amparo y valida la orden de captura.