SCJN analizará proyecto que descarta obligación de legislar sobre desplazamiento forzado interno

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute un proyecto que propone negar el amparo promovido por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, organización que acusó al Congreso de la Unión de omitir la expedición de una legislación federal en materia de desplazamiento forzado interno.

La propuesta, elaborada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf Ríos González, sostiene que ni la Constitución mexicana ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen una obligación expresa para que el Congreso emita una ley específica o para que el Estado cree una institución encargada de atender este fenómeno.

La asociación civil argumentó que existía una omisión legislativa que vulneraba disposiciones constitucionales e internacionales, además de señalar que México debía cumplir con diversas recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2013, 2015 y 2022, orientadas a crear un marco legal y mecanismos de protección para las personas desplazadas.

No obstante, un juez federal resolvió previamente que las omisiones señaladas no existían, dando la razón a la Presidencia de la República, las secretarías de Gobernación y Hacienda, así como al Poder Legislativo federal. El proyecto que ahora analizará la Corte propone confirmar esa determinación.

De aprobarse, la resolución establecería que corresponde al Ejecutivo y al Congreso definir, dentro de sus facultades y margen de decisión, las políticas públicas para atender el desplazamiento forzado interno.

Además, el máximo tribunal revisará un segundo asunto relacionado con esta problemática. En este caso, un proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra plantea ordenar al Gobierno de Chiapas que, en un plazo de 90 días, publique el reglamento de la ley estatal sobre desplazamiento forzado interno, con el fin de poner en operación el Fondo Estatal de Contingencia y el Registro Estatal de Población Desplazada, mecanismos contemplados en la legislación local desde 2012.