SCJN analiza reabrir la vía penal contra más ex funcionarios por la tragedia de la Guardería ABC

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá esta semana un proyecto que podría permitir el procesamiento penal de más ex funcionarios vinculados con el incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 49 menores y otros 106 resultaron lesionados.

La propuesta, elaborada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, plantea que los delitos de homicidio y lesiones culposas por omisión cometidos en perjuicio de niñas y niños sean considerados imprescriptibles cuando estén relacionados con violaciones graves a sus derechos fundamentales.

El proyecto sostiene que la magnitud de la tragedia y las omisiones atribuibles al Estado rebasan el ámbito de un delito ordinario, por lo que no debe extinguirse la posibilidad de investigar y sancionar a los responsables con el paso del tiempo.

La discusión surge a partir del amparo promovido por Sergio Antonio Salazar Salazar, ex director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, quien fue vinculado a proceso en 2020 por presuntos delitos de homicidio y lesiones culposas derivados de omisiones relacionadas con el caso. El ex funcionario argumentó que la acción penal ya había prescrito, al considerar que el plazo legal venció en septiembre de 2019.

Sin embargo, un juez federal rechazó dicho planteamiento en 2021 al determinar que los delitos cometidos contra menores de edad no prescriben. Posteriormente, la Suprema Corte atrajo el asunto para fijar un criterio definitivo.

La ministra Ortiz Ahlf respalda la postura de que el interés superior de la niñez y los estándares nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos deben prevalecer, garantizando el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas.

Si el pleno aprueba el proyecto, el expediente será devuelto a un tribunal colegiado para que emita una nueva resolución conforme a este criterio y revise los demás argumentos presentados por el ex funcionario contra su vinculación a proceso.