Procuración de justicia debe centrarse en las personas, afirma Ernestina Godoy

La procuración de justicia en México debe entenderse desde un enfoque profundamente humanista, donde las decisiones del Estado no se limiten a expedientes o trámites, sino que se traduzcan en atención a víctimas, combate a la impunidad y garantía de seguridad y dignidad para las personas, afirmó la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos.

Durante su participación en la Ceremonia de Cancelación del Timbre Postal por el 50 Aniversario del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), la funcionaria señaló que la transformación institucional en curso busca consolidar una procuración de justicia más cercana a la sociedad, basada en investigación científica, inteligencia, profesionalización constante y coordinación entre instituciones, sin perder de vista que el centro de toda actuación deben ser las personas.

Godoy Ramos destacó que el INACIPE ha sido un aliado estratégico en la formación de perfiles especializados, al combinar rigor técnico con sensibilidad social y ética profesional. Subrayó que la ciencia y la técnica sólo adquieren verdadero valor cuando se ponen al servicio de la sociedad, particularmente de las víctimas que exigen verdad y justicia.

Acompañada por la directora del Servicio Postal Mexicano (Correos de México), Violeta Giorgina Abreu González, y por el director del INACIPE, Jorge Nader Kuri, la fiscal general señaló que la emisión del timbre conmemorativo tiene un valor simbólico, al reconocer que las ciencias penales forman parte de la vida democrática del país y que la justicia se construye con instituciones sólidas y profesionales.

Añadió que este timbre no sólo conmemora cinco décadas de historia del INACIPE, sino que también proyecta su legado hacia distintos destinos, difundiendo la importancia de la formación, la investigación y la ética como base de la procuración de justicia.

Finalmente, subrayó que desde su creación, hace 50 años, el INACIPE ha contribuido a la evolución del sistema de justicia penal en México, formando generaciones de ministerios públicos, peritos, policías, investigadoras e investigadores comprometidos con la legalidad y el servicio público, lo que ha fortalecido las capacidades institucionales para enfrentar los retos actuales.