Poder Judicial planea recortar más de 533 millones de pesos en 2026 por medidas de austeridad

El Poder Judicial de la Federación (PJF) aplicará en 2026 un plan de austeridad y reorganización administrativa que busca ahorrar 533 millones 593 mil 786 pesos, afectando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).

El acuerdo de disciplina presupuestaria 2026, publicado este viernes por el OAJ en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece varias medidas concretas para reducir gastos y optimizar recursos. Entre las más relevantes destacan la reducción del 10% en estructuras orgánicas, el control estricto de plazas vacantes y la limitación de salarios para que no superen al del Ejecutivo federal.

Además, los órganos deberán priorizar las compras consolidadas, aplicar austeridad en viáticos y aprovechar las tecnologías de la información, tanto para disminuir gastos operativos como para reducir el impacto ambiental.

Del total de ahorro previsto, 293 millones 18 mil 333 pesos corresponderán al OAJ; 185 millones 658 mil pesos al TDJ; 41 millones 669 mil 947 pesos a la SCJN; y 13 millones 247 mil 506 pesos al TEPJF.

En cuanto al personal, el PJF instruye reducir 10% del costo total anual de la nómina en áreas administrativas clave y eliminar plazas de apoyo, como secretarías particulares, privadas y de funcionarios superiores, así como conductores. Las vacantes deberán permanecer sin ocupar al menos 30 días y, si superan cuatro meses, serán puestas a disposición del órgano administrador. Los contratos por honorarios no podrán superar tres meses, con un límite máximo acumulado de seis meses al año, y se prohíben las becas externas fuera de la Escuela Nacional de Formación Judicial.

Las acciones operativas incluyen la digitalización total mediante firmas electrónicas, el uso prioritario de videoconferencias y compras consolidadas de insumos y servicios. También se prohíbe adquirir o arrendar vehículos cuyo valor supere 4 mil 343 UMA (509 mil 477 pesos), aunque “su adquisición o arrendamiento se podrá realizar previa justificación que al efecto realice la Unidad Ejecutora, misma que se someterá a la consideración de la Contraloría de Administración Judicial por conducto de la SEA o de la Unidad de Administración, según corresponda”.

Por último, el acuerdo establece que las unidades ejecutoras deberán reducir en 50% el gasto en viáticos, pasajes administrativos y difusión institucional respecto a 2025, que el personal cubra parte del costo del comedor, que cualquier conversión de plazas requiera un excedente presupuestal de 10% y que ninguna remuneración pueda superar el salario del Presidente de la República.