México crea el Servicio Universal de Salud para integrar instituciones públicas

El gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (Diario Oficial de la Federación) el decreto mediante el cual se crea el Servicio Universal de Salud (SUS), una nueva estrategia de coordinación entre instituciones públicas del sistema sanitario federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum (Claudia Sheinbaum) formalizó la creación de este mecanismo que funcionará como “como mecanismo obligatorio de coordinación e integración operativa entre las instituciones públicas federales”, en el que participarán organismos como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el IMSS-Bienestar (IMSS Bienestar), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y los servicios médicos de Petróleos Mexicanos (Pemex), entre otros.

También se integran al SUS los Hospitales Federales de Referencia, los Institutos Nacionales de Salud y los Hospitales de Alta Especialidad, así como los servicios de salud estatales que decidan adherirse al esquema.

De acuerdo con el decreto, la finalidad del sistema es garantizar “el derecho a los servicios de salud del pueblo de México e impulsar el acceso universal, progresivo, efectivo, oportuno, continuo, de calidad y sin discriminación alguna a todas las personas, considerando el nivel de atención médica que requieran así como la capacidad instalada, financiera y presupuestaria de cada institución que lo integre”.

El modelo establece que las instituciones operarán de manera coordinada mediante el intercambio de servicios de salud, bajo un esquema de compensación financiera. En este sentido, el documento señala: “Esta red operará mediante el intercambio de servicios de salud, a través de un esquema de compensación presupuestaria y financiera, mediante la operación de los instrumentos jurídicos que se determinen, en cuyo caso la institución a la que pertenece la persona que recibe el servicio médico deberá compensar los gastos correspondientes a la institución que lo otorga”.

El SUS busca optimizar la infraestructura médica disponible, permitiendo que los servicios se otorguen con base en criterios como capacidad instalada, especialidad, regionalización y seguridad del paciente, sin afectar el funcionamiento de cada institución.

La Secretaría de Salud será la autoridad rectora del sistema, que operará mediante “comités interinstitucionales especializados”:

“El intercambio de servicios de salud se llevará a cabo de manera ordenada y progresiva, de forma que se garantice su sostenibilidad financiera y operativa. La primera etapa iniciará a partir del primero de enero del 2027 y priorizará la atención Universal a urgencias, atencipon n inmediata y gratuita en cualquier unidad y permanencia en la misma hasta el alta médica.”

En esta primera fase también se contempla la atención de embarazos de alto riesgo, con acceso a unidades cercanas y de mayor capacidad resolutiva, así como la implementación de traslados para urgencias obstétricas.

Asimismo, el decreto incluye protocolos como el “Código Infarto”, que permitirá acceso universal a atención de emergencia cardiovascular y traslado a unidades especializadas; y el “Código Cerebro”, enfocado en la atención inmediata de eventos cerebrovasculares.

También se garantiza la continuidad del tratamiento para pacientes con enfermedades graves como insuficiencia renal crónica, cáncer, trasplantes, VIH o hemofilia, aun cuando pierdan su derechohabiencia, manteniéndose su atención en la institución donde iniciaron su diagnóstico.

El sistema incorporará además servicios de vacunación universal en cualquier unidad pública, así como consultas de atención primaria en centros cercanos para padecimientos leves o prevención, incluyendo la prescripción de medicamentos.

Para una segunda etapa, prevista para el 1 de julio de 2027, se contempla la universalización de estudios de laboratorio y gabinete, como tomografías, ultrasonidos, resonancias magnéticas, estudios con contraste y radioterapia.

El decreto establece que diversas dependencias federales tendrán 30 días hábiles para firmar un convenio de colaboración que permitirá avanzar en la credencialización de la población para acceder al nuevo sistema de salud.