Magistradas del Poder Judical de la Federación llaman a aplicar perspectiva de género en decisiones judiciales

En el marco del 8 de marzo, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF) destacó la necesidad de reflexionar sobre los pendientes institucionales hacia las mujeres, niñas y adolescentes indígenas. “El 8 de marzo representa una oportunidad para reflexionar sobre las deudas que como sociedad y como instituciones siguen pendientes frente a las realidades que enfrentan millones de mujeres en el país”, afirmó la magistrada Celia Maya García, presidenta del TDJ.

Durante la inauguración de la exposición Siempre estuvimos aquí. Historia de las mujeres indígenas, Maya García subrayó que las instituciones aún tienen tareas pendientes con este sector de la población. La jornada tuvo como objetivo “sensibilizar a funcionarias y funcionarios sobre la importancia de aplicar la perspectiva de género en sus labores diarias”, señalaron los organizadores.

La magistrada destacó que estas desigualdades afectan de manera particular a niñas y adolescentes, quienes enfrentan barreras estructurales para acceder a oportunidades educativas, sociales y económicas. “Esas condiciones de exclusión se profundizan cuando se viven en contextos de rezago o marginación, y se agravan aún más cuando median factores de discriminación por origen indígena”, añadió.

La exposición recuerda “una verdad frecuentemente invisibilizada: las mujeres indígenas siempre han estado presentes en la vida comunitaria, en la preservación de las lenguas, en la transmisión de saberes, en la defensa de los territorios y en la construcción cultural del país”. Maya García aseguró que la historia de México no puede comprenderse sin su participación, y que la muestra es un ejercicio de memoria histórica y una invitación a reconocer su contribución a la identidad colectiva.

Por su parte, la magistrada Indira Isabel García Pérez enfatizó la obligación constitucional de garantizar la igualdad de derechos. Señaló que el mandato “no distingue entre hombres y mujeres, sino que reconoce derechos, garantiza libertades y establece una igualdad como base de un orden jurídico”, lo que implica asegurar, en cada decisión y actuación, no solo políticas institucionales, sino también un compromiso para recobrar la confianza ciudadana.