Juárez entre los focos rojos de tortura en México durante el primer trimestre de 2026

Durante los primeros tres meses de 2026, el municipio de Juárez registró 31 víctimas de tortura, cifra que lo coloca como la quinta demarcación con mayor incidencia en el país, de acuerdo con los registros reportados en ese periodo.

Por encima de Juárez se encuentran Centro, Tabasco, con 57 víctimas; Benito Juárez, Quintana Roo, con 56; Puebla, Puebla, con 46; y Ecatepec, Estado de México, con 33 casos.

En conjunto, estos cinco municipios concentran una parte significativa de las víctimas de tortura a nivel nacional: 223 de un total de 819 registradas entre enero y marzo, pese a que el fenómeno se presentó en 171 municipios del país.

En cuanto al número de carpetas de investigación —donde puede haber más de una víctima por caso—, Puebla encabeza la lista con 45 expedientes, seguido de Benito Juárez con 42, Centro con 34, Toluca con 25, Nezahualcóyotl con 22 y Juárez en sexto lugar con 20 investigaciones abiertas.

En el caso de Juárez, en enero se reportaron siete carpetas, en febrero cinco y en marzo se registró un incremento de 140 por ciento, al llegar a 12 denuncias en un solo mes.

La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes establece que este delito ocurre cuando una persona inflige dolor o sufrimiento físico o psicológico, realiza actos que disminuyen o anulan la personalidad o capacidad de la víctima, o lleva a cabo procedimientos médicos o científicos sin consentimiento. También se configura cuando se comete para obtener información o una confesión, como castigo, intimidación, coacción, medida preventiva o por discriminación.

Este delito es sancionado con penas de 10 a 20 años de prisión, las cuales pueden incrementarse hasta en una mitad si existen agravantes.

En Juárez, los registros incluyen la victimización de tres hombres de entre 30 y 60 años, 19 hombres cuya edad no fue especificada, ocho mujeres sin datos de edad y una víctima de la que no se precisó sexo ni edad.

Uno de los casos recientes es el de Vianey Esmeralda H. G., procesada por la Fiscalía de la Mujer por homicidio calificado y agravado en contra de su hijo, un menor de 18 meses identificado como Eithan Daniel.

Durante su proceso judicial, la imputada aceptó su responsabilidad, pero también señaló haber sido víctima de tortura, aunque no presentó una denuncia formal.

“A mí me quisieron meter (el cargo de) violación hacia el niño, que fue el papá. A mí, estando ahí (en Fiscalía Zona Norte)... No sé si lo puedo decir o no… A mí me pusieron la bolsa de que ‘dime, qué le hacía el papá a su hijo’ y yo le dije ‘hágame lo que quiera, el papá no tiene nada que ver y el niño no sufrió violación’”, declaró ante cuestionamientos de la asesoría de víctimas de la Comisión Ejecutiva.

La mujer también relató que no pudo identificar a los agentes involucrados y que, durante su traslado dentro de las instalaciones de la Fiscalía Regional en el eje vial Juan Gabriel, le obligaban a mantener la cabeza agachada. Indicó que fue interrogada en una oficina ubicada en el segundo piso del edificio.