INE rechaza regular procesos internos de partidos rumbo a la elección de 2027

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó, por mayoría de ocho votos contra tres, el proyecto de lineamientos que buscaba establecer reglas de vigilancia y fiscalización sobre las actividades políticas de los partidos rumbo al proceso electoral de 2027.

La propuesta, impulsada por el consejero Arturo Castillo, pretendía regular desde ahora los llamados procesos internos y actividades anticipadas de los partidos, con el objetivo de evitar ventajas indebidas antes del inicio formal de las campañas. Sin embargo, la mayoría de consejeros consideró que esa regulación corresponde al Poder Legislativo y no al árbitro electoral.

Castillo advirtió que el INE ha dejado sin atención un problema creciente, al que calificó como el “elefante en la sala”, refiriéndose a los actos anticipados que ya realizan distintos partidos políticos. Sostuvo que la autoridad electoral debería asumir una función preventiva para garantizar condiciones de equidad en la contienda.

El proyecto fue presentado inicialmente el 26 de marzo, aunque en aquella ocasión no logró avanzar. En la sesión más reciente, se discutió nuevamente, incluso con una propuesta alternativa presentada por el consejero Jorge Montaño, enfocada únicamente en la fiscalización de recursos; sin embargo, esta última fue retirada tras el rechazo del primer planteamiento.

Votaron en contra la consejera presidenta Guadalupe Taddei, junto con Jorge Montaño, Norma De la Cruz, Rita Bell López, Uuc-kib Espadas, así como los consejeros Arturo Chávez, Blanca Cruz y Frida Gómez. En contraste, votaron a favor Arturo Castillo, Carla Humphrey y Martín Faz, quienes advirtieron que la falta de regulación podría permitir desigualdades en la contienda.

Los consejeros que respaldaron la propuesta señalaron que esperar una eventual intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría retrasar medidas necesarias para evitar prácticas anticipadas, especialmente cuando ya existen indicios de propaganda en diversas entidades y llamados a participar en el proceso electoral.

El proyecto rechazado contemplaba cuatro ejes principales: la obligación de reportar actividades políticas a la autoridad electoral, la identificación de propaganda, la creación de mecanismos de fiscalización anticipada y la prohibición del uso de tiempos oficiales de radio y televisión en estos procesos. Además, establecía que los gastos detectados en actos anticipados podrían sumarse a los topes de campaña.

Tras la votación, el consejero Jorge Montaño retiró su propuesta alternativa, mientras que la presidenta del INE reiteró que la regulación de estas prácticas corresponde al Poder Legislativo. No obstante, afirmó que continuará buscando consensos tanto con partidos políticos como con los integrantes del Consejo General.