FGR reforma su estructura y refuerza atención a víctimas históricas y comunidades indígenas

La Fiscalía General de la República (FGR) realizará cambios en su estructura orgánica, incluyendo la creación de nuevas fiscalías. Entre ellas destacan la encargada de dar seguimiento a recomendaciones y quejas en materia de derechos humanos y la especializada en "Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas". Además, se reactiva la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado (FEIDSPP), dedicada a casos ocurridos entre 1965 y 1990.

La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y forma parte de la transformación que experimenta la FGR bajo la administración de Ernestina Godoy, quien presentará este viernes su Plan Integral de Procuración de Justicia.

De acuerdo con el Diario Oficial, la FEIDSPP "participar en la investigación y, en su caso, persecución de las averiguaciones previas, carpetas de investigación y procesos penales relacionados con graves violaciones a derechos humanos, delitos sociales y políticos del pasado y otros asuntos emblemáticos de trascendencia histórica, particularmente aquellos ocurridos entre 1965 y 1990, así como los que por su relevancia institucional le sean asignados".

Esta fiscalía dará seguimiento a casos previos, incluidos los juicios contra el ex presidente Luis Echeverría Álvarez por las masacres de 1968 y 1971, los cuales no terminaron en sentencia condenatoria. Asimismo, podrá "conducir las investigaciones bajo estándares de debida diligencia reforzada, análisis de contexto y búsqueda de la verdad; coordinar acciones de documentación histórica y sistematización de información relevante para el esclarecimiento de los hechos".

Por su parte, la Fiscalía Especial para Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas tendrá facultades para "participar en la investigación y persecución de aquellos hechos que la ley señale como delitos del orden federal no considerados como delincuencia organizada o electorales, en los que se encuentren en calidad de víctimas, ofendidas e imputadas las personas que pertenezcan a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana garantizando en todo momento la protección de sus derechos y la procuración de justicia".

Entre sus responsabilidades también se incluyen "promover el diálogo intercultural, la armonización, la complementariedad, la mediación y la pacificación, en asuntos que involucren personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas", así como "promover y coordinar con las instancias competentes la celebración de convenios a fin de brindar los servicios de personas traductoras e intérpretes para que asistan a las personas indígenas o afromexicanas durante el procedimiento penal" e "impulsar la generación de protocolos especializados para la atención de asuntos indígenas y afromexicanos con enfoque de pluralismo jurídico, perspectiva de género, interseccionalidad y antirracismo".

Adicionalmente, se otorgan nuevas facultades a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), incluyendo la creación de una "Unidad Especializada en Análisis Financiero" que operará junto a la Fiscalía de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda y fiscales. Esta unidad podrá ejercer "la facultad de atracción en la investigación y persecución de los delitos en materia de extorsión".

Finalmente, se estableció un Órgano de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional de Carrera, que integra unidades de Planeación para el Desarrollo y Formación, Servicio Profesional de Carrera, un Centro de Evaluación y Control de Confianza y la Unidad Especial de Igualdad Sustantiva y de Género.