Denuncias y sentencias de la ASF caen a mínimos históricos, advierte informe

Un reciente informe de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) revela que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encabezada por David Colmenares Páramo, ha debilitado la fiscalización superior en México. Según el documento fechado en 2025, la presentación de denuncias ha disminuido de manera drástica y se han identificado retrasos y omisiones graves en la integración de expedientes, lo que aumenta el riesgo de prescripción de delitos y podría generar “pérdida de confianza ciudadana, debilitamiento del combate a la corrupción y cuestionamientos sobre la utilidad de los recursos destinados a la fiscalización superior”.

Durante casi una década, la ASF ha logrado únicamente cuatro sentencias condenatorias firmes contra cinco personas de las 367 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR). “La falta de resultados tangibles incrementa la posibilidad de que conductas graves queden impunes”, señala la UEC en su evaluación sobre las consecuencias de la acción fiscalizadora en relación con denuncias de hechos y responsabilidades administrativas por faltas graves.

El informe, elaborado por la instancia técnica de la Cámara de Diputados, destaca que esta baja tasa de sentencias –1.09 por ciento del total– y los prolongados tiempos para concluir los procesos judiciales generan “percepción de ineficacia” en la fiscalización superior y en la colaboración con la FGR.

Retrasos críticos

La UEC subraya que la ASF enfrenta “retrasos críticos” en la integración y presentación de denuncias ante la fiscalía especializada, con demoras de hasta siete años entre la detección de irregularidades graves y la interposición de acciones legales. Esta dilación coloca a la mayoría de los casos en “alto riesgo de prescripción”, dejando sin castigo cientos de expedientes. El informe señala que la ASF opera con “deficiencia estructural”, ya que no realiza estimaciones internas sobre los plazos de prescripción ni prioriza los casos críticos, lo que, a su juicio, “debilita la fiscalización”.

El reporte corresponde a la gestión de Colmenares Páramo en la recta final de su periodo de ocho años –iniciado en 2018 y que concluye el 15 de marzo– y se produce en un contexto en que el auditor superior ha anunciado su intención de buscar la reelección para un segundo y último periodo al frente de la ASF, sometiéndose al proceso que convocará la Cámara de Diputados la próxima semana.

Caída en la presentación de denuncias

El informe evidencia una tendencia “preocupante” a la baja en la presentación de denuncias: mientras que la revisión de la cuenta pública 2020 generó 17 denuncias, los ejercicios 2021 y 2022 apenas derivaron en dos y una denuncia, respectivamente. Hasta septiembre de 2025, no se había presentado ninguna correspondiente a la cuenta pública 2023. De las 30 denuncias analizadas entre 2019 y 2023, 28 –es decir, 93 por ciento– continúan en etapa de integración, y solo una ha sido judicializada.

En el ámbito administrativo, el panorama es igualmente crítico. De mil 833 promociones de responsabilidad por faltas graves presentadas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, únicamente 1.9 por ciento ha concluido, con solo 18 resoluciones que acreditan responsabilidad. La mayoría de los casos permanece en etapa de substanciación, con retrasos que también podrían derivar en prescripción.