Dan luz verde a ley nacional contra feminicidio tras respaldo legislativo en 17 estados

La propuesta para expedir una Ley General contra el feminicidio avanzó de manera significativa luego de que 17 congresos locales aprobaran la reforma al artículo 73 de la Constitución, alcanzando así la mayoría necesaria para que el Congreso de la Unión pueda legislar en la materia a nivel nacional.

Los congresos que ya dieron su aval son Aguascalientes, Ciudad de México, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.

La iniciativa fue presentada el pasado 21 de abril por la presidenta Claudia Sheinbaum y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, con el propósito de establecer un marco legal homogéneo en todo el país que permita combatir la impunidad en los casos de feminicidio.

El proyecto plantea una serie de medidas para estandarizar el delito en todas las entidades federativas. Entre ellas, se contempla el reconocimiento de nueve razones de género que permiten tipificar un feminicidio, como la violencia sexual, antecedentes de violencia, relaciones de poder o la exposición del cuerpo de la víctima.

Asimismo, se propone establecer penas de entre 40 y 70 años de prisión, consideradas de las más altas dentro del sistema penal mexicano. También se incluyen 21 agravantes, entre las que destacan los casos en que la víctima sea niña, adolescente o adulta mayor, tenga alguna discapacidad, o cuando el delito sea cometido frente a sus hijas o hijos.

Otro de los puntos centrales es que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse desde el inicio como posible feminicidio, además de establecer la persecución del delito de oficio, así como sanciones y reparación del daño sin prescripción.

La propuesta también establece que las personas responsables pierdan derechos como la herencia, la patria potestad, la tutela y cualquier beneficio legal relacionado con las víctimas.

Además, se prevé la creación y fortalecimiento de fiscalías especializadas en todo el país, así como la implementación de un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad a causa de feminicidio.

Entre otras disposiciones, el proyecto busca reforzar las políticas públicas de prevención y fijar lineamientos para que las plataformas digitales eviten la difusión de contenidos que revictimicen a las víctimas o hagan apología de la violencia.