Congreso pide cuentas sobre cooperación con agencias de EE.UU. en seguridad de Chihuahua

La diputada de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, presentó ante el Congreso una serie de 19 cuestionamientos dirigidos al secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya Chávez, para que explique de manera formal la legalidad del supuesto ofrecimiento de espacios en la Torre Centinela, en Ciudad Juárez, a agencias de seguridad de Estados Unidos.

La legisladora exige claridad sobre la viabilidad jurídica de que un área de este complejo sea utilizada por elementos de al menos cuatro corporaciones estadounidenses, entre ellas la DEA, el FBI y la CBP, dentro del esquema de seguridad proyectado para la frontera.

Funciones previstas para la Torre Centinela

De acuerdo con lo expuesto por la diputada, la Torre Centinela operaría como un eje central de la estrategia de seguridad en Chihuahua con las siguientes características:

• Inicio de operaciones con aproximadamente 160 personas dedicadas a labores de inteligencia.

• Funcionamiento como centro de mando, análisis y vigilancia tecnológica.

• Integración de subcentros regionales conectados al sistema central.

• Enfoque en delitos fronterizos como tráfico de drogas, personas y dinero.

• Posible colaboración con agencias estadounidenses (DEA, FBI, CBP, entre otras), limitada —según lo planteado— al intercambio de inteligencia y sujeta a autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

  
  

Asimismo, la legisladora señaló que la Torre se perfila como un centro internacional de fusión de inteligencia, lo que consideró el punto más delicado desde el punto de vista legal y de soberanía nacional.

En este sentido, advirtió:

‘Sí hay un argumento fuerte, serio y jurídicamente defendible para sostener que esa declaración es violatoria de la soberanía nacional, o por lo menos abiertamente contraria al marco constitucional y legal mexicano, si no existe autorización federal previa’

Pérez Reyes subrayó que la relación operativa con agentes extranjeros en materia de seguridad no es competencia de los gobiernos estatales, ya que la Constitución establece que la política exterior es facultad exclusiva del Ejecutivo federal. Por ello, afirmó que ningún secretario estatal puede ofrecer, compartir o destinar instalaciones estratégicas a agencias como la DEA, el FBI o ICE sin autorización del Gobierno de México, aun cuando se presente como cooperación.

Agregó que, aunque los dichos del secretario no implican necesariamente una cesión material de soberanía, sí podrían constituir una actuación irregular si no existe aval federal, al tratarse de un esquema potencialmente ilegal, invasivo de competencias y contrario a la Ley de Seguridad Nacional.

Dicha legislación establece que cualquier interacción con agentes extranjeros debe contar con autorización de la Cancillería, coordinación federal y supervisión del Estado mexicano.

Exigencia de respuestas al secretario de Seguridad

Con base en lo anterior, la diputada solicitó que Gilberto Loya Chávez responda formalmente ante el Congreso estatal una serie de cuestionamientos agrupados en distintos rubros:

Autorización federal

• Si existe o no autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la participación de agencias extranjeras en la Torre Centinela.

• En caso afirmativo, detallar fecha, número de oficio y alcance.

• En caso negativo, explicar por qué se anunció públicamente un esquema que requiere autorización previa.

  
  

Fundamento legal

• Bajo qué norma se sustenta la facultad del gobierno estatal para compartir instalaciones con agencias extranjeras.

• Cómo se justifica lo anunciado frente a la Ley de Seguridad Nacional.

• Si reconoce que la coordinación internacional en seguridad es facultad exclusiva del Ejecutivo federal.

  
  

Alcance de la cooperación

• A qué se refiere específicamente la colaboración con agencias como DEA, FBI e ICE.

• Si contempla presencia física permanente, asignación de espacios o acceso a sistemas de inteligencia.

• Si se permitirá acceso a información estratégica generada por el Estado mexicano.

  
  

Procedimientos y controles

• Si se han sostenido reuniones con agentes extranjeros para definir este esquema.

• Si dichas reuniones contaron con autorización de la SRE o presencia federal.

• Si existe algún convenio, minuta o acuerdo firmado.

  
  

Soberanía y competencias

• Si un gobierno estatal tiene facultades para establecer cooperación directa con agencias extranjeras.

• Cómo se evita una invasión de competencias federales.

• Qué medidas garantizan la protección de la soberanía y la información estratégica.

  
  

Responsabilidad institucional

• Si reconoce que anunciar cooperación sin autorización podría ser ilegal.

• Si suspendería el esquema en caso de no existir aval federal.

• Quién autorizó la difusión de dichas declaraciones.

  
  

Pregunta final

La diputada cerró su solicitud cuestionando si el funcionario puede garantizar que ninguna agencia extranjera tendrá acceso o participación en la Torre Centinela sin autorización previa del Gobierno federal.