CONAGUA detecta adeudo de 12 mil mdp por uso irregular del agua

La reciente ley de aguas ha permitido identificar un presunto adeudo cercano a 12 mil millones de pesos por parte de empresas que, de no regularizarse, “van a tener sanciones correspondientes e incluso la cancelación de sus títulos” de manejo del recurso, informaron autoridades esta mañana en Palacio Nacional.

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se destacó que la aprobación de la normativa en diciembre de 2025 también ha permitido a pequeños productores recuperar sus derechos para el manejo y uso del agua.

Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), presentó varios casos de particulares con concesiones para uso agrícola, otorgadas de manera gratuita por el Estado, que lucraban con el recurso al venderlo a particulares por pagos millonarios destinados a distintos fines.

Hasta la fecha, la Conagua ha realizado 7 mil 614 inspecciones, de las cuales 1,006 han derivado en clausuras de personas que utilizaban los títulos o concesiones de manera ilegal.

Entre los casos expuestos se encuentran los municipios de Baja California, que desde 2002 adquirían agua a un distrito de riego mediante transmisiones para abastecer a sus habitantes. “En últimos cinco años han tenido que pagar más de 531 millones de pesos, a unas cuantas personas”, señaló Morales López. La mandataria añadió que este lucro “se quedaba en manos de unas cuantas personas y venía derivado de un recurso de la nación”.

En lo que calificó como “un hecho histórico”, este lunes se entregarán por primera vez derechos de explotación del agua para los municipios de Ensenada, Tijuana, Mexicali, Rosarito y Tecate.

Otro caso destacado fue el de la familia Calzada, vinculada al exgobernador de Querétaro José Eduardo Calzada Rovirosa (PRI), que posee concesiones agrícolas y vende 628 mil metros cúbicos de agua para usos distintos al agrícola, incluyendo desarrollos inmobiliarios y un club de polo con esquís acuáticos y extensas áreas verdes.

Durante la discusión de la ley en el Congreso, el diputado del PRI, Mario Calzada, miembro de la familia, se opuso a la nueva normativa. La presidenta explicó:“La familia Calzada en Querétaro tenía concesiones de agua para riego agrícola. Que no paga el agua, así está en la ley, el agua utilizada para producción de alimentos no paga derecho a la Conagua. Lo que pasaba con la antigua ley es que tenían derecho a usarlo o transmitirlo a otros usos sin reportarlo a la Conagua. ¡Ah, pero en realidad esa agua no era utilizada para producir alimentos, sino para un lugar residencial que tiene un campo para jugar polo, mientras la gente de a un lado no tiene agua o para vender agua en pipas!”

Se mencionó también el caso de una refresquera “muy famosa”, cuyo nombre no se dio debido a un proceso legal. La revisión derivada de la nueva ley detectó que posee 18 títulos donde no se paga por más de 2 millones 800 mil metros cúbicos. Morales López señaló que 10 de esos títulos sobreexplotan la concesión en casi un millón de metros cúbicos, 42 carecen de medidor y otros 10 incumplen pagos, generando un presunto adeudo de 234 millones de pesos. La empresa ya se ha acercado a la Conagua para regularizar su situación.

Gracias a estos cambios, el año pasado se registró un incremento de 3 mil 500 millones de pesos en recaudación por pagos de agua, y para 2026 se proyecta un crecimiento de 6 mil millones. Estos recursos se destinarán a obras públicas para mejorar el manejo y distribución del agua.

Sheinbaum Pardo enfatizó que la ley ha tenido “impactos positivos” y que el objetivo es “que no haya privilegios. El cambio en la nueva ley de aguas tuvo, entre otras razones, quizás la principal, es acabar con los privilegios a la hora de acabar con la transmisión de los derechos del agua”.

La presidenta recordó que, con la ley anterior, se permitían diversas irregularidades que beneficiaban a terceros con el uso gratuito del agua para riego, un sistema que se remonta a la administración de Carlos Salinas de Gortari en 1992, y continuó con títulos otorgados por gobiernos posteriores de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que convirtieron el agua en un recurso comercializable.