CJF demanda a empresa afianzadora por incumplimiento de obra en Centro de Justicia Penal de Chihuahua

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó una demanda contra la empresa Dorama, Institución de Garantías, S.A., por un monto de 40 millones 753 mil 507.87 pesos, derivado del incumplimiento de un contrato de obra pública para la construcción del Centro de Justicia Penal Federal en Chihuahua, cuya ejecución debía finalizar en 2017.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la demanda el 15 de julio de 2025 a través de un juicio ordinario federal, vía legal utilizada para resolver conflictos entre particulares y el CJF o el máximo tribunal del país. La empresa Dorama fue emplazada a responder en un plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación formal.

La acción judicial está sustentada en el contrato CJF/SEA/DGIM/LP/13/2016, firmado el 5 de diciembre de 2016 con una duración de 180 días naturales, un presupuesto de 133 millones 885 mil 547.26 pesos, y un anticipo del 35 por ciento del monto total.

La obra estaba destinada a ser un anexo del edificio sede del Poder Judicial en avenida Mirador 6500, colonia Fraccionamiento Residencial Campestre Washington, en la ciudad de Chihuahua.

El contrato fue adjudicado a través de licitación pública nacional a la empresa Administradora de Inmuebles y Fincas, S.A. de C.V., y se emitieron dos pólizas de fianza: una para garantizar el correcto uso del anticipo y otra para asegurar el cumplimiento de la obra conforme a los términos pactados.

Sin embargo, el CJF reportó diversos incumplimientos de la contratista y el 6 de junio de 2025 determinó rescindir formalmente el contrato, exigiendo el pago del anticipo, así como intereses, penalizaciones y gastos judiciales. La demanda contra Dorama, como empresa afianzadora, fue presentada el 9 de junio ante la Suprema Corte.

Como parte del procedimiento, también se ordenó la notificación —únicamente para su conocimiento— a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, instancias que podrían intervenir en caso de embargo o revisión de pasivos por parte de la afianzadora.