CIDH formula 40 recomendaciones para mejorar la respuesta de México ante desapariciones

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer el informe “Desaparición de Personas en México”, en el que formula 40 recomendaciones dirigidas al Gobierno mexicano para mejorar la prevención, búsqueda, investigación y sanción de este fenómeno.

Entre los puntos centrales, el organismo internacional sugiere evaluar la eficacia de las estrategias de seguridad y reforzar las investigaciones para esclarecer responsabilidades. Además, recomienda fortalecer los mecanismos de búsqueda inmediata, optimizar la coordinación entre instituciones, avanzar en la interoperabilidad de registros y bancos de datos, así como consolidar un enfoque masivo de identificación humana y garantizar la entrega digna de cuerpos a las familias.

El informe enfatiza también la necesidad de ampliar los apoyos económicos y la atención integral a las familias buscadoras, e impulsar acciones de memoria, verdad y justicia, tanto para los casos del pasado como para los actuales. La CIDH reiteró su disposición a brindar asistencia técnica al Estado mexicano en la implementación de estas medidas.

En el mismo sentido, el organismo reconoció el trabajo de colectivos y familiares de personas desaparecidas, destacando su participación en la búsqueda de verdad y justicia en contextos de riesgo y amenazas.

Según el documento, hasta junio de 2025, más de 128 mil personas permanecían desaparecidas en México, junto con miles de cuerpos sin identificar bajo resguardo del Estado. La CIDH indica que gran parte de estas desapariciones se relaciona con el crimen organizado, aunque también persisten casos de desaparición forzada vinculados con la participación o colusión de autoridades locales y corporaciones de seguridad.

El informe subraya que el fenómeno afecta de manera diferenciada a diversos sectores, entre ellos niñas, niños y adolescentes reclutados por grupos criminales; mujeres y personas LGBTIQ+ víctimas de violencia de género; periodistas y defensores de derechos humanos; y personas migrantes expuestas a alta vulnerabilidad.

En materia de prevención, la CIDH valoró la nueva estrategia de seguridad pública del Gobierno mexicano de 2025, destacando el enfoque de “atención a las causas” para combatir la violencia y reducir factores de riesgo asociados a la delincuencia.

Asimismo, el informe reconoce avances institucionales, como la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda desde 2020, la creación de una dirección especializada de atención a familiares y colectivos dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y la implementación de mecanismos de verdad y memoria relacionados con la “Guerra Sucia”.

En años recientes, el gobierno también ha impulsado acciones como el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, el incremento de recursos para labores forenses, la creación y actualización de registros nacionales de personas desaparecidas y no identificadas, así como operativos coordinados entre fiscalías y autoridades estatales, jornadas nacionales de búsqueda y programas de capacitación para personal ministerial y forense.

De igual forma, la CIDH valora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya declarado la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la “guerra sucia”, incluidas las desapariciones.

No obstante, el organismo advirtió que persisten desafíos significativos, especialmente en materia de impunidad, debido al bajo número de judicializaciones y sentencias frente a la magnitud del problema.

Finalmente, la CIDH insistió en que muchos de estos retos pueden abordarse mediante una mayor coordinación institucional y colocando al centro a las víctimas y sus familias, con el objetivo de fortalecer el acceso a la verdad y la justicia.