Chihuahua, entre los estados con mayor desplazamiento forzado por violencia

Chihuahua figura entre las entidades con más casos de desplazamiento interno provocado por la violencia en México, de acuerdo con un informe que analiza distintos indicadores del fenómeno en el país.

La información forma parte de “Geografías de Crueldad”, una síntesis difundida por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, que reúne los contenidos presentados durante las Jornadas para la Reducción de la Violencia Homicida realizadas en noviembre pasado en la Ciudad de México.

El documento señala que la gran mayoría de los desplazamientos registrados durante 2024 se concentraron en un grupo reducido de estados.

“Los hallazgos del monitoreo 2024 identificaron 72 eventos de desplazamiento interno por violencia, con un estimado de 28 mil 900 personas desplazadas. Chiapas concentró el 62 por ciento del desplazamiento, seguido por Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero, cinco entidades que en conjunto suman el 93 por ciento de los eventos”, dice el texto.

El reporte atribuye principalmente estos movimientos forzados a la violencia generada por grupos del crimen organizado, aunque advierte que en algunas regiones el fenómeno tiene múltiples causas.

“La principal causa identificada fue la violencia ejercida por grupos del crimen organizado, aunque en Chiapas la categorización resulta particularmente difícil porque los desplazamientos entrelazan conflictividad social, disputas territoriales de larga data y presencia criminal”, agrega el reporte en el apartado “El continuo de las violencias. Desplazamiento y desaparición”, en el que se expuso el Proyecto de Monitoreo del Programa de Derechos Humanos de la Iberoamericana.

Además del desplazamiento, el informe advierte sobre otras prácticas vinculadas con la violencia en diversas regiones del país, como el uso de drones para vigilar comunidades, el reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados y casos de familias desplazadas que no logran establecerse en nuevos lugares.

El análisis también plantea que la medición oficial de la violencia se ha concentrado en indicadores como homicidios y desapariciones, dejando fuera otras manifestaciones que no implican directamente la muerte de personas.

De acuerdo con el documento, existen conductas “no letales”, como la acumulación de inseguridades alimentarias, económicas, sanitarias y políticas, que quedan fuera del análisis pese a que contribuyen a generar las condiciones en las que ocurren los asesinatos.

“La implicación es que no se debe entender la paz a partir de la tipificación jurídica del crimen, sino a partir de la función social de la violencia en cada ramo de la economía, una perspectiva que hasta ahora ha estado ausente del discurso oficial y de las estrategias gubernamentales de seguridad”, dice.

En las jornadas donde se presentaron estos análisis también participaron investigadores de El Colegio de México, el Semanario sobre Violencia y la organización México Evalúa.