CCNPJ analiza elección judicial y plantea ajustes para 2027

El Centro de Capacitación para el Nuevo Poder Judicial (CCNPJ) publicó un informe que examina la reciente elección del Poder Judicial en México y plantea áreas de mejora de cara al proceso electoral de 2027. El documento, estructurado en cinco apartados, destaca tanto los logros como los desafíos de una elección inédita en la historia del país.

De acuerdo con el CCNPJ, la implementación de la Reforma Judicial representa el inicio de una nueva etapa que busca consolidar una justicia con enfoque social y humanista, capaz de responder a la demanda histórica de la sociedad: un sistema judicial ágil, accesible y eficiente.

En el “Análisis de la Elección del Poder Judicial en México”, se examina el funcionamiento del proceso electoral en el que participaron más de 7,700 especialistas del ámbito judicial para competir por alrededor de 2,600 cargos (881 federales y cerca de 1,800 estatales). El informe detalla la organización de la elección y sus resultados, e identifica áreas susceptibles de mejora en el diseño institucional, además de aportar insumos para eventuales ajustes normativos que favorezcan la eficacia del proceso y una mayor participación ciudadana.

Asimismo, el documento contribuye al debate público sobre temas clave como la independencia judicial, la legitimidad democrática y el acceso a una justicia pronta, completa e imparcial.

Uno de los puntos más señalados fue la baja participación ciudadana, que según las proyecciones finales del Instituto Nacional Electoral (INE), osciló entre el 12.57% y el 13.32% del padrón. A ello se sumaron diversas limitaciones enfrentadas por los candidatos que aspiraban a formar parte del nuevo Poder Judicial.

Entre los principales obstáculos identificados por el CCNPJ se encuentran:

• Ausencia de precedentes: Es la primera vez que cargos judiciales se someten al voto popular.

• Restricciones financieras: Las candidaturas no contaron con financiamiento público ni privado.

• Poca visibilidad en medios: No se les permitió acceso a tiempos oficiales en radio y televisión, salvo invitación.

• Campañas limitadas: Se recurrió principalmente a redes sociales y trabajo territorial sin posibilidad de pauta pagada.

• Distritos judiciales no alineados con los lugares de residencia de los candidatos.

• Desaprobación de la reforma por parte de sectores amplios de la ciudadanía.

• Ofertas políticas acotadas y percepción de politización de cargos altos del Poder Judicial.

Además, las candidaturas de bajo perfil enfrentaron retos específicos:

• Escasa presencia mediática, lo que redujo el interés ciudadano.

• Falta de recursos, que dificultó la producción de materiales y el alcance en zonas remotas.

• Condiciones de inseguridad en regiones dominadas por el crimen organizado, donde varios aspirantes evitaron hacer campaña por razones de seguridad.

Este proceso electoral marca la primera fase de implementación de la Reforma al Poder Judicial, derivada de la iniciativa presentada el 5 de febrero de 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, e impulsada desde octubre del mismo año por la presidenta Claudia Sheinbaum. La reforma modificó 20 artículos constitucionales y estableció 12 disposiciones transitorias para su implementación gradual.

Si bien el informe señala que la organización del proceso fue técnicamente exitosa, también advierte que el respaldo social fue limitado. Los nuevos jueces y magistrados asumirán el cargo el 1 de septiembre de 2025, con lo cual se renovará parcialmente el Poder Judicial; la otra mitad será elegida en 2027.

En este contexto, los próximos meses serán decisivos. La calificación de la elección por parte de los tribunales y la instalación de los nuevos impartidores de justicia permitirán evaluar si este experimento fortalece al Poder Judicial, acercándolo a la ciudadanía, o si evidencia nuevas fragilidades que deberán resolverse antes del siguiente proceso electoral judicial.