ASF podrá investigar denuncias ciudadanas por presunto uso irregular de recursos públicos

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) podrá recibir denuncias ciudadanas y actuar a partir de ellas cuando se señalen posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos federales, tras la publicación de una reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La modificación legal, ya aprobada por el Congreso en abril y promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, establece que cualquier persona podrá denunciar presuntos actos de manejo, aplicación, custodia indebida o desvío de recursos federales. Estas denuncias podrán presentarse a través de los mecanismos y herramientas que habilite la propia ASF.

Con la incorporación del artículo 66 Bis, la Auditoría queda facultada para investigar en cualquier momento, ya sea por iniciativa propia o derivado de una denuncia ciudadana, posibles faltas administrativas graves, sin importar el ejercicio fiscal en el que hayan ocurrido los hechos.

La reforma también amplía las atribuciones del órgano fiscalizador para promover sanciones contra servidores públicos y particulares involucrados en irregularidades detectadas durante auditorías o investigaciones. Además, la ASF podrá presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada cuando existan indicios de posibles delitos.

Otro de los cambios relevantes es la creación del Registro de Información y Datos relacionados con los Recursos Federales, que estará a cargo de la ASF y concentrará información sobre el uso de fondos federales, incluidas las transferencias a estados y municipios. Las instituciones públicas estarán obligadas a alimentar este sistema con datos sobre beneficiarios y movimientos contables.

Asimismo, la ley fortalece las facultades de revisión de la Auditoría, que ahora podrá solicitar información de ejercicios fiscales anteriores en casos de proyectos multianuales o auditorías de desempeño. También se establecen nuevos plazos para la respuesta de las entidades fiscalizadas y para la determinación de la ASF sobre la solventación de observaciones o el inicio de investigaciones.

En materia de coordinación, el decreto prevé colaboración con las entidades estatales de fiscalización para revisar recursos federales transferidos, aunque la ASF conservará la conducción de las auditorías.

Finalmente, se establece que la reforma entra en vigor este mismo viernes. La ASF contará con 90 días naturales para adecuar su normativa interna y hasta 180 días para emitir lineamientos y poner en marcha el nuevo registro de información sobre recursos federales.